Llamazares reivindica el aumento de las penas por corrupción

Gaspar Llamazares defendió ayer, en el debate electoral a cinco bandas organizado por TVE, la postura de IU de endurecer las penas establecidas en el Código Penal contra la corrupción política. El representante de IU fue el primero en sacar el tema a la palestra recordando que los candidatos del PP y el PSOE a la Presidencia del Gobierno no abordaron dicho tema en su careo previo, el pasado lunes en la Academia de Televisión. De los cinco representantes que comparecieron en el debate de anoche, sólo Alberto Ruiz Gallardón (PP) secundó a Llamazares en el tema de la corrupción política, reivindicando una "respuesta inmediata" de la justicia ante estos casos. Los representantes del PSOE, CiU y el PNV no se refirieron a este asunto en sus intervenciones.

Llamazares, anoche durante el debate en TVE

El número uno de IU en las listas al Congreso por Asturias, Gaspar Llamazares, fue el primero en sacar a colación el tema de la corrupción. "No hay derecho a que siendo como es generosa y honesta la actitud de la mayor parte de los políticos, unos empañen nuestra imagen", expresó Llamazares en el debate de anoche, tras lo cual reprendió a Rubalcaba y Rajoy por haber obviado dicho asunto en el cara a cara que mantuvieron el pasado día 7.

El candidato de IU apuntó incluso a “las altas instacias del Estado" en una de sus intervenciones, en alusión a la supuesta vinculación del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en un presunto delito de malversación de fondos.

Entre las medidas que propone para hacer frente a la corrupción, Llamazares ha defendido la posibilidad de "incrementar las penas" en el Código Penal y que los partidos sean "responsables subsidiarios" del control de sus cargos.

En cuanto al Alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón defendió que "frente a la corrupción" se debe recurrir a "la aplicación de la ley". El número cuatro del PP por Madrid reconoció que hay que "mejorar mucho" en la batalla contra la corrupción hasta conseguir que sea “objetivamente muy difícil" que los políticos "no cumplan sus códigos éticos" o "se corrompan". Pero si alguien cae en la corrupción, reivindicó, “debe haber una respuesta inmediata" por parte de la ley.

Los candidatos de IU y PP, aunque en mayor medida Llamazares, fueron los únicos que se implicaron en el tema. Ni el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui (PSOE), ni Pere Macias, representante de CiU, ni Josu Erkoreka (PNV), abordaron esta cuestión durante el debate.

Los acusados por el caso Mercasevilla, al banquillo

Los acusados por el caso Mercasevilla, que comparecieron la semana pasada ante la jueza Alaya en una vista preliminar del caso, irán finalmente a juicio, según reza el auto hecho público esta semana por la magistrada. Así, se confirma la acusación de coecho hacia el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Rivas, el exdirector de la lonja Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la extrabajadora Regla Pereira. Alaya apunta en el auto del caso que es "un claro ejemplo de corrupción" y conjetura sobre "una supuesta financiación ilegal del PSOE" tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, quien reclama una multa de 900.000 euros.

Los imputados, de izquierda a derecha: Mellet, Ponce, Pereira y Rivas.

Mercedes Alaya emitió el pasado miércoles, como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el auto de apertura del juicio oral. De este modo, se da por finalizada la instrucción del caso Mercasevilla, que ya ha sido remitido a la Oficina del Jurado para que se inicien los trámites para el proceso judicial. Tras escuchar las pretensiones de ambas partes en la vista preliminar de la pasada semana, la magistrada rechaza todas las solicitudes de sobreseimiento de las defensas. Los acusados deberán comparecer ante un jurado popular por reclamar 300.000 euros de comisión a los empresarios del Grupo La Raza para hacerse con la gestión de una escuela de hostelería en Mercasevilla, que ya contaba con una subvención de 900.000 aprobada por la Consejería de Empleo.

La jueza Alaya rechaza en el auto la nulidad de la grabación en la que se oye a los directivos de la lonja sevillana solicitar la comisión. Para la magistrada, el testimonio de los empresarios de La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas "y el contenido de la grabación sobre las maneras en que se reclamaron los pagos”, son pruebas “tan expresivas, tan directas, tan burdas, que representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción", asegura.

La jueza especifica que la petición de la comisión fue instada por Rivas, aunque en la grabación la reclaman Mellet y Ponce. Alaya afirma que "existen sólidos indicios" contra Daniel Ponce y contra Fernando Mellet, a quien considera el "ideador" del proyecto, pero reconoce que en el caso de Rivas y Pereira, en especial para ésta, "el material probatorio que existe es más débil, pero suficiente para que puedan ser juzgados y que su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio del plenario". La magistrada, al creer que Rivas indicó a los directivos la solicitud de la comisión, concluye que el exdelegado "Debe ser juzgado como acusado pues son tan vehementes, tan contundentes, tan claras, las expresiones" -de Mellet y Ponce en la grabación- “que resulta poco probable que estas exigencias fueran decididas por estos”.

Alaya recuerda además que los directivos "hacen continuas alusiones" a que dicha comisión "obedece al comportamiento habitual de la Junta, incluso deslizando sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE cuando dicen: ‘será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis'”.

La vista por los trajes del Gürtel pasa a diciembre

El 12 de diciembre ha sido finalmente el día escogido para la vista por la causa de los trajes, una de las que deriva del caso Gürtel. Un proceso judicial plagado de recursos, el largo proceso de formación del jurado y la previsión de que será un juicio con varias sesiones, ya hacía prever que la fecha escogida por el tribunal sería tras el 20-N.

El auto hecho público hoy, elaborado por el magistrado del TSJCV encargado del caso Gürtel, Juan Climent, desvela que el propio juez admitirá parte de las pruebas reclamadas por Camps, entre las que se encuentran el que acudan a declarar empleados de los establecimientos en los que adquiere prendas de vestir más caras que las que supuestamente regalaba la red Gürtel. La razón expresada por el magistrado en el auto es la de “no dificultar el ejercicio del derecho de defensa de las partes acusadoras y acusadas y a no entorpecer las estrategias procesales de éstas, debiendo ser admitidos aquellos medios de prueba cuya impertinencia o inutilidad no conste o resulte manifiesta".

Según este auto, entre 2005 y 2008, cuando la sociedad de la trama Gürtel desarrolló el grueso de su actividad en Valencia, Camps recibió 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, valorados en unos 14.000 euros. Además, sostiene que el Ricardo Costa Climent recibió cuatro trajes y seis pantalones, por valor de unos 7.300 euros.

Además, el magistrado Climent señala que Orange Market “se ha dedicado a la organización de actos para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana” y añade que además de estos, “a partir del año 2005 le fueron adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto”. En su auto, el juez insiste en que el propósito de los regalos “era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”. E indica que los mismos pueden ser constitutivos de un “delito consumado de cohecho continuado”.

Francisco Camps ha cambiado su versión de los hechos varias veces. Primero negó los regalos y dijo que él se pagaba sus propias prendas. Después sostuvo que no podía haber juicio “porque no hay nada de nada”. Como presidente de la Generalitat, se negó a dimitir, pese a la imputación y las acusaciones durante más de dos años. Finalmente, presentó un recurso en el que sostenía que, en el caso de haber recibido los trajes, los hechos ocurrieron en Madrid (y no en Valencia, como sostiene la fiscalía) y él habría aceptado dichos regalos como presidente del PP valenciano y no por sus cargos institucionales.

Además, el ahora expresidente valenciano tuvo la oportunidad de acabar con el litigio llevando a cabo la estrategia pactada con los otros tres acusados: admitir su culpabilidad y evitar el juicio. Pero dejó en la estacada al que había sido su vicepresidente, Víctor Campos, y al exjefe del Gabinete de Turismo, Rafael Betoret, que aceptaron los delitos y fueron condenados por ello.

Ahora, Francisco Camps se sentará en el banquillo, ante un jurado popular, el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana. Según el mismo auto, el sorteo entre los candidatos a jurados se celebrará el día 26 de octubre de 2011.

IU se desmarca, vía Google, de la corrupción política

El último vídeo propuesto en la campaña electoral deIzquierda Unida para el 20-N dará que hablar. En eĺ se invita a lagente a encomendarse a Google como juez imparcial, realizando en el motor tres búsquedas con la palabra "ladrones",seguida de las siglas "PP", "PSOE", e "IU".Este spot, elaborado por los ciberactivistas 'reclutados' por GasparLlamazares la semana pasada en Asturias, pretende ofrecer la imagende un candidato honrado -Llamazares- en el Principado, y de unpartido como alternativa al margen de la corrupción.

Segundo vídeo de la campaña 'Rebélate' de IU.

Con esta campaña, el partido dirigido por Cayo Lara aboga por hacer campaña "con la gente", a la vez que clarifica la postura de IU de "tolerancia cero ante la corrupción", en palabras de Pablo Prieto, secretario de comunicación de la federación asturiana y miembro del equipo de campaña que dirige en el Principado Ángel González.

Así, bajo el lema 'Rebélate', los cibervoluntarios lanzan el segundo vídeo de una campaña orientada a recuperar el histórico escaño de la izquierda en Asturias. En la última obra de estos ciberactivistas se invita al ciudadano a teclear en Google la palabra "ladrones" delante de las siglas de los tres principales partidos políticos nacionales. El resultado es, en "ladrones en el PSOE", un total de 7.380 entradas; en "ladrones en el PP", 14.700; y, curiosamente, no existen entradas relacionadas con "ladrones en IU".

La dirección federal de Izquierda Unida, en un intento calificado de "populista" por beneficiarse del desencanto de un segmento de la población hacia la clase política, se desmarca de esta práctica, tan extendida como popular en España. Y lo hace a través de los directores de campaña improvisados en los que se han convertido los cibervoluntarios que apoyan a Gaspar Llamazares en Asturias.

El pasado 12 de octubre, en la reunión de la comitiva asturiana de IU que tuvo lugar en Oviedo, Llamazares pidió "voluntarios" para realizar la campaña electoral del partido de cara a las generales del 20 de noviembre. Al día siguiente, partidarios del candidato asturiano difundieron el primer vídeo de la campaña, centrado en la persona de Gaspar Llamazares y con el lema 'Rebélate'. -"La idea motriz es mostrar a un Llamazares que niega el estereotipo de 'diputado de sillón', que ha dado sobrado 'ejemplo' de que no claudica ante los mercados y que se ha comportado en el Congreso como 'azote' frente a los recortes", explicó Prieto.

La gran baza de esta campaña, desarrollada fundamentalmente a través de Twitter, es precisamente su formato. -"Es una campaña low cost, de bajo coste, pero con un derroche de imaginación"-, declaró Pablo Prieto. -"Frente a la caspa y al bipartidismo, reivindicamos un espacio propio, y en la Red", concluyó el secretario de IU.