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lunes, 23 de enero de 2012

Ruz será sustituido al mando de los casos 'Gürtel' y 'Faisán'

La sentencia contra Baltasar Garzón por la presunta irregularidad en la obtención de las escuchas del ‘caso Gürtel’ será definitoria para la carrera de Pablo Ruz, sustituto de aquél en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. El CGPJ sacaría a concurso su plaza, ahora ocupada de forma interina. Los casos ‘Faisán’ y ‘Gürtel’ se verían abocados de nuevo a la fase de instrucción.

Baltasar Garzón conocerá la sentencia por las escuchas irregulares de Gürtel a lo largo de las próximas dos semanas y de ella depende mucho más que el ego y la carrera del juez estrella. Su probable condena se extendería también a su suplente en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, el magistrado Pablo Ruz, que habría de abandonar la plaza y, la instrucción, entre otros, de los casos Faisán y Gürtel. Fuentes de la carrera judicial consultadas por LA GACETA fijan para “antes de Semana Santa” la marcha de Ruz si los acontecimientos se desarrollan con normalidad.

Desde el entorno de Garzón, pesimista en extremo sobre el veredicto del Tribunal Supremo, se apunta ya que el juez presentará un recurso de amparo al Constitucional en virtud del artículo 24 de la Carta Magna (ha señalado que es la última vez que comparece en un tribunal español por esta causa, pero se refiere al plano físico, ya que en el Constitucional no hay vista) y su abogado en esta la primera de sus tres causas, Francisco Baena, ha mostrado sin rodeos que su patrocinado acudirá, si es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Tan grandilocuentes maniobras, sin embargo, no suspenderían la sentencia del Supremo, por lo que Garzón perderá, presumiblemente, su plaza en la Audiencia Nacional, cambiando su estatus de suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a expulsado, durante el periodo de inhabilitación correspondiente, de la carrera judicial. La pérdida del puesto de Garzón provocaría que la plaza que Pablo Ruz ocupa en comisión de servicios fuera sacada a concurso por la Comisión Permanente del CGPJ.

Obviamente, Ruz podrá optar a ocupar la plaza como titular, aunque su juventud (36 años) le perjudicaría notablemente en una concurrencia que se dirime por razón de antigüedad obviando criterios de mérito. La plaza en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital es muy apetecible para magistrados ávidos de potenciar su carrera. No obstante lo anterior, la dimensión mediática de la Audiencia Nacional provoca un cierto rechazo en magistrados veteranos y ajenos al protagonismo, por lo que, partiendo de una posición muy complicada, no se descarta que Ruz pudiera lograr la titularidad del cargo que ostenta en funciones.

Más allá de los nombres, están en juego dos casos de importancia superlativa, el Faisán y Gürtel. Ambos procesos, con un componente político desmesurado, caerían en manos del juez más veterano de los postulantes.

En lo referente al primero, unido inexorablemente a la figura de Ruz, parece que no podrá ser instruido antes del relevo en el juzgado, por lo que se demoraría sobremanera, teniendo en cuenta que el nuevo titular habrá de abordar la instrucción desde el principio. Lo propio ocurriría en el caso Gürtel, con la salvedad de que una ingente cantidad de información permanece en secreto.

Hace cinco días, el TSJ de Madrid envió al juzgado de Instrucción número 5 los 671 tomos de los que consta la causa, toda vez que los tres ex diputados autonómicos imputados en el proceso perdieran su condición de aforados. La causa llegó a tener 117 imputados, aunque se han visto reducidos a 88, de los que sólo dos permanecen en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, que en breve podrían ser puestos en libertad.

La Junta ya tramita la restitución de 2'8 millones por parte de 56 imputados

Ahora toca devolver el dinero de todos que algunos cobraron sin el más mínimo esfuerzo. La Junta ha iniciado los expedientes de reintegro para que 56 intrusos restituyan a las arcas públicas los 2,8 millones que percibieron en forma de pólizas, pese a que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas por los ERE que pagó la Consejería de Empleo. Las labores del grupo de funcionarios que la Junta puso a escudriñar los abonos para identificar los intrusos entre las 6.000 pólizas que el Ejecutivo abona, han avanzado lentamente desde que comenzaron hace 11 meses, pero ya empieza a verse algo de luz al final del túnel.

Es un pequeño paso que en muchos casos será simbólico, porque los intrusos ignorarán el proceso administrativo abierto y acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativo. Pero al menos la Junta pelea porque estos beneficiados devuelvan el dinero cobrado de manera fraudulenta. El procedimiento administrativo se tramita en paralelo a la instrucción penal que dirige la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, algunos de estos intrusos vinculados al PSOE por militancia, amigos del ex director general de Trabajo Javier Guerrero o sencillamente vecinos de El Pedroso o la Sierra Norte sevillana, darán el paso y devolverán sus cobros. Arrepentidos o no, el ejemplo del exalcalde socialista Rafael Rosendo, que consignó 112.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado, demuestra a priori que la salida más astuta para evitar la cárcel a toda costa es devolver lo cobrado. La salida es el artículo 308 del Código Penal, que dejaría exentos a los intrusos de responsabilidad penal tras reintegrar el dinero.

El inicio de los expedientes de reintegro llega después de que durante los últimos meses el Ejecutivo escuchara las alegaciones de estos instrusos, que el consejero de Empleo, Manuel Recio, estimó habían usurpado junto a otros 16 intrusos y otros 111 casos de irregularidades administrativas, unos 10 millones a las arcas públicas. Es sencillo adivinar que la inmensa mayoría de estos 56 intrusos ignorarán la petición de Empleo, bien porque se hayan gastado el dinero como ya han reconocido muchos, o bien porque sus abogados plantearán batalla ante la Administración, sobre todo después de que la juez les haya impuesto fianzas por valor de 4,8 millones a los primeros 16 que declararon ante la magistrada. Además, algunos letrados opinan que el plazo para el reintegro de las ayudas públicas prescribe a los cuatro años.

Las peticiones de varios abogados de intrusos a la Junta para que cesara en su empeño de avanzar en el procedimiento administrativo, dado que existe otro procedimiento penal abierto, según el artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública, cayeron en saco roto. De manera preventiva, la Junta había puesto un cortafuegos al dejar de pagar a los intrusos identificados el pasado 25 de febrero de 2011. Desde entonces, fuentes del Gobierno andaluz justifican la tardanza en reclamar el dinero por las garantías jurídicas que merece un proceso administrativo tan alambicado: “La recuperación de cantidades indebidamente percibidas requiere de un complejo proceso administrativo que ha de contar con todas las garantías jurídicas (…). Será un proceso largo y complejo”.

La Junta inició su proceso administrativo hace unos 14 meses, cuando el 17 de noviembre de 2010 Empleo abrió un procedimiento de información reservada con el nombramiento de instructor y secretario para investigar el expediente de la empresa pública Mercasevilla. En el ERE de esta sociedad se había identificado el primer intruso, el militante socialista Antonio Garrido Santoyo, que posteriormente desencadenaría el inicio del caso de los ERE.

En paralelo al procedimiento administrativo contra los cobros ilegales de los intrusos, la Junta ha iniciado la revisión de todas las millonarias ayudas directas a empresas que entregó Empleo de manera arbitraria durante una década. Esto supone un largo camino que pondrá en cuestión la política de ayudas concedidas por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Más de 200 empresas percibieron estas subvenciones directas que en muchos casos carecieron de un seguimiento por parte de la Administración y el dinero se invirtió en propósitos muy alejados de la creación de empleo y generar dinamismo empresarial.

De este modo, la Junta examinará la letra pequeña de cada expediente. “Esto conllevará también el trámite de audiencia a los interesados y concluirá con la determinación de las que sean nulas por no respetar el procedimiento administrativo”, añaden las mismas fuentes. En caso de demostrarse que la ayuda fue irregular, se iniciará el consiguiente expediente de reintegro y remitirá al juzgado las que presenten indicios de delito.

Entre estas ayudas el Gobierno andaluz ha incluido las tres subvenciones que cobraron Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y su exsocio Isidoro Ruz, por 1,3 millones, para que sean devueltas a las arcas públicas.

Varios cargos del PPCV se ven afectados por la dimisión de Camps

Las aguas bajan revueltas en el interior del PP valenciano. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha encontrado más resistencias de las previstas para hacerse con el control del partido. Sobre todo en la provincia de Valencia, donde cargos como la alcaldesa Rita Barberá y el presidente provincial del partido y de la Diputación, Alfonso Rus, no ocultan su malestar por haberse visto desplazados de la posición de privilegio que mantenían en la etapa presidida por el dimitido Francisco Camps.

Barberá habla en público de que “los enredos están volviendo al PP de la Comunidad Valenciana” y Rus se queja de que se entera de las decisiones importantes del presidente de la Generalitat por la prensa.

Quienes fueron dos de los principales pilares de Camps —en una etapa caracterizada por los excesos y algunos de los mayores escándalos de corrupción— ahora evidencian públicamente su malestar con el trato que les otorga Alberto Fabra y la nula presencia del PP valenciano en el equipo de Mariano Rajoy.

El malestar se ha acumulado a medida que el presidente valenciano tomaba decisiones y se desmarcaba de la herencia de Camps.

Tres han sido, fundamentalmente, las decisiones adoptadas por Fabra que han hecho estallar las tensiones en el seno del PP. Por un lado, la decisión de renegociar a la baja el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que se celebra en Valencia y que es el gran evento que exhibe la alcaldesa. Por otro, el retoque hecho por Fabra en el Gobierno heredado de Camps para desplazar de la vicepresidencia y la portavocía a las dos personas más identificadas con su antecesor.

Pero el elemento que más ronchas ha levantado en Barberá y en Rus ha sido la decisión de Alberto Fabra de aceptar una comisión de investigación sobre el caso Emarsa en el Parlamento. Un escándalo de corrupción relacionado con el saqueo de una depuradora, por el que el juez que instruye el caso ya ha imputado a Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación, y a varios cargos intermedios próximos a Barberá.

En este clima, Rus aprovechó la reunión de la junta directiva regional del partido, celebrada el martes por la noche, para criticar por elevación el poco peso de Alberto Fabra en Madrid. Rus se quejó de que Rajoy trata al PP de la Comunidad Valenciana “como si fuese Guinea Ecuatorial”. Y ayer volvió a insistir: “Parece que seamos apestados”, prosiguió, “y políticos valencianos hay muy buenos, prueba de ello es que estamos gobernando muchos años”. Rajoy no ha nombrado a ningún político valenciano entre sus 13 ministros ni entre sus 32 secretarios de Estado.

La alcaldesa de Valencia tampoco ocultó su disgusto en la reunión y permaneció ostensiblemente callada. Solo cuando un diputado autonómico apeló al valor de Barberá para afrontar situaciones difíciles, la alcaldesa replicó: “A mí, ni nombrarme, que estoy calentita”.

Tanto Rus, en público, como Barberá, en privado, recibieron la amonestación del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, quien les recordó que con Camps nunca se quejaban de lo que se decidía.

Y es que pese a las presiones de Barberá y Rus para condicionar las decisiones del presidente valenciano, el entorno de Mariano Rajoy ya les ha hecho saber a ambos que Alberto Fabra tiene ahora todo su respaldo y es el interlocutor de Génova en la Comunidad Valenciana.

sábado, 21 de enero de 2012

Císcar califica de "tolerancia cero" la política del Consell ante la corrupción


El vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha asegurado hoy que la política del Consell ante la corrupción es de "tolerancia cero", aunque ha recordado la importancia de la "presunción de inocencia".


José Ciscar, vicepresidente de la Generalitat Valenciana.

Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por los periodistas por la posibilidad de que su partido tome medidas contra uno de los imputados en el caso Emarsa, el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo.

Ha explicado que, aunque algunos medios han publicado más detalles sobre este caso en que se investiga a la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo, "no se ha conocido nada nuevo que esté reflejado en una decisión judicial".

En este sentido, ha apelado a "la equidad" y ha aclarado que aunque "es muy difícil ser ecuánime con todo el mundo", es necesario "valorar cada caso concreto para no perjudicar a nadie".

El vicepresidente ha recordado que se han conocido casos "en que personas que han sido detenidas o imputadas luego han sido absueltas o se ha archivado su causa" y ha puesto como ejemplo a la atleta Marta Domínguez y al ministro de Industria, José Manuel Soria, imputado por cohecho y cuyo caso fue archivado al año siguiente.

Además, ha destacado que el Gobierno valenciano ha "propiciado" una comisión de investigación del caso Emarsa y se ha personado en el procedimiento como acusación particular, de manera que no tomará más medidas por el momento al no haber "ninguna novedad".

Aunque "es muy difícil ser ecuánimes", ha reconocido, son los jueces quienes "tienen que hacer su trabajo", investigar "hasta el final y depurar todas las posibilidades".

Asimismo, ha señalado que el PP celebrará un congreso nacional "muy importante" en el que se marcará "la pauta para el futuro a nivel orgánico".

Preguntado por la información que publica hoy el diario El País y que apunta que el juez ha identificado otras supuestas fuentes e financiación ilegal del PP valenciano, Císcar se ha remitido a sus palabras sobre el caso Emarsa.

A este respecto, ha indicado que la voluntad del Consell es que los jueces "investiguen absolutamente todo", pero ha subrayado que en este caso esa información "tampoco está plasmada en ninguna providencia, auto o sentencia del juez".

EFE

jueves, 19 de enero de 2012

Juan Lanzas, implicado en los ERE de Mercasevilla de 2007

El nuevo director general de Mercasevilla, Manuel Blanco, ha confirmado lo que era algo más que una sospecha: que el «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, quiso colarse como «intruso» en el Expediente de Regulación de Empleo que el mercado sevillano aprobó en 2007.

Una carta de Generali Seguros, tras una consulta del gerente, confirma que Juan Lanzas Fernández aparece en la lista como el asegurado número 22 con derecho a cobro. Sin embargo, finalmente no llegó a formalizarse la prima y, por tanto, no recibió «ningún tipo de pago».

Este extremo ya fue apuntado por la juez que instruye el caso , Mercedes Alaya, que en uno de sus autos ya señaló a Lanzas como «conseguidor» en diferentes ERE y destacó su intento de inclusión «de él mismo en la póliza que garantizaba el ERE de 2007 de Mercasevilla». No sería la primera vez ya que ex el sindicalista de UGT aparece como beneficiario, junto a su mujer, de una póliza de renta colectiva en Hitemasa pese a que ninguno de los dos trabajó nunca en la empresa textil.

En este mismo ERE sí figura Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) y que ha percibido en torno a 110.000 euros pese a que jamás trabajó en Mercasevilla. Fue el primero de los «intrusos» detectados en la trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con cargo al Presupuesto de la Junta.
Fue precisamente este segundo ERE uno de los indicios que permitió a la instructora desvelar la existencia de una trama de prejubilaciones irregulares, ya que Mercasevilla ya se acogió a otro ERE en 2003. Cuatro años más tarde repitió la operación, lo que motivó las sospechas de la instructora del caso.

Precisamente, el ERE de 2003 ha ocasionado que tres prejubilados que se acogieron al mismo hayan denunciado por prevaricación a cuatro altos cargos de la Consejería de Empleo, entre ellos al viceconsejero Justo Mañas. Estos ex trabajadores han visto como el Gobierno andaluz ha dejado de pagarles sus pólizas cuando saltó al escándalo al considerar que no tienen derecho. Ello s mantienen que sí y ayer recordaron que ni siquiera están imputados.

Imputados exdirectivos de Agrupació Mútua por cuatro delitos fiscales

El magistrado titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado a declarar como imputados a los exdirectivos de Agrupació Mútua Jordi Conejos y Miquel Navas por una presunta descapitalización de la aseguradora a través de un proyecto que beneficiaba a la inmobiliaria encargada de construir su sede.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado a los dos exdirectivos, junto al exadministrador de la inmobiliaria Lodares 98, en el marco de la investigación que tiene abierta a raíz de una querella presentada por la Fiscalía.

La querella acusa a Conejos y Navas, consejeros delegados de Agrupació Mútua en la época en que la presidía el ex responsable del Palau de la Música Fèlix Millet, de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación en documento mercantil.

El ministerio público interpuso su querella en base a la denuncia que le presentó la nueva dirección de Agrupació Mútua tras ser intervenida por la Dirección General de Seguros a finales de 2009.

Los exdirectivos de Agrupació Mútua declararán ante el juez el próximo 15 de febrero para aclarar si, como señala la Fiscalía, con su gestión del proyecto inmobiliario de plaza Cerdà que debía albergar la sede de su sociedad participada Amci causaron un perjuicio económico de cerca de 20 millones de euros.

Según investiga la Fiscalía, dichas pérdidas derivan de la compra del solar donde la aseguradora pretendía construir su sede, realizada en 2007 por Conejos, y de la adquisición de una parte de la sociedad conjunta que Agrupació Mútua creó con la inmobiliaria Lodares 98 para construir el edificio.

La querella cree que los imputados incurrieron presuntamente en "actos de descapitalización" de Agrupació Mútua y de la sociedad participada por ella AMCI-BD, "en beneficio casi exclusivo de la sociedad Lodares 98".

Esa descapitalización, considera el ministerio público, se perpetró mediante el pago de un importante sobreprecio no justificado en la adquisición de los terrenos donde debía edificarse la futura sede de la entidad y la realización de contratos y convenios "extraordinariamente beneficiosos" para Lodares 98.

La investigación del fiscal ha constatado también importantes pagos sin justificación y facturación falsa -sea por servicios no prestados o "inflados"- que, según los peritos, causaron un importante perjuicio patrimonial a la aseguradora.

Ambos imputados eran consejeros delegados de Agrupació Mútua durante la época en que estuvo presidida por Fèlix Millet, quien, apunta la querella, en una de las reuniones de la directiva manifestó su "sorpresa y disconformidad" por una de las operaciones que beneficiaban a la inmobiliaria Lodares 98.

martes, 17 de enero de 2012

El Supremo llama a declarar a José Blanco por el 'caso Campeón'

El Tribunal Supremo ha citado a declarar para el próximo 26 de enero en calidad de imputado al exministro de Fomento José Blanco, quien deberá responder por su presunta implicación en el 'caso Campeón'. El instructor de la causa, el magistrado del Supremo Ramón Soriano, ha citado a declarar a Blanco para el 26 de enero a las 10.30 horas, según indicaron fuentes del tribunal.

Blanco, por su condición de diputado en esta legislatura, tiene aforamiento y sólo puede ser investigado y enjuiciado por el Supremo. La apertura de diligencias cuenta con el respaldo de la Fiscalía, quien reclamó al Supremo la incoación de una investigación judicial contra Blanco.


José Blanco, exministro de Fomento, es uno de los implicados en el 'caso Campeón'.

La investigación, abierta el pasado 28 de diciembre, busca determinar si Blanco cometió delitos de cohecho y de tráfico de influencias. Blanco podría haber incurrido en dichos delitos por haber presuntamente recibido comisiones irregulares empezando por, entre otras gestiones, la concesión de ayudas públicas a las empresas de Jorge Dorribo, el supuesto 'cerebro' de la trama de corrupción.

El caso, en el que ya hay una veintena de imputados, investiga entre otros aspectos las concesiones públicas irregulares adjudicadas a las empresas de Dorribo, principalmente a la farmacéutica Laboratorios Nupel. El empresario ingresó en prisión preventiva el pasado mayo pasado tras ser arrestado como presunto “cerebro” de la “Operación Campeón”, pero quedó en libertad el 8 de agosto tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.

En el caso también estarían implicados los ya exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), quienes dimitieron a raíz de las acusaciones presentadas en su contra.

viernes, 13 de enero de 2012

El fiscal Anticorrupción y la fiscal jefe de Sevilla analizan la investigación de los ERE

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, se ha reunido este viernes con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y han analizado, entre otros asuntos, la investigación en torno a la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que en la reunión, que se ha prolongado durante toda la mañana, el fiscal jefe Anticorrupción a nivel nacional ha analizado junto con Segarra y los dos fiscales encargados del caso la investigación que lidera el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en torno a las presuntas irregularidades halladas en los ERE, entre otros asuntos.

Según las fuentes, la reunión se ha desarrollado en el despacho de la fiscal jefe de Sevilla, sin que hayan trascendido más detalles acerca de la misma. Hay que recordar que, el pasado día 6 de abril de 2011 y justo después de que la Fiscalía Anticorrupción asumiera la investigación en torno a este asunto, Antonio Salinas ya mantuvo una primera reunión con María José Segarra a fin de coordinar el trabajo en este campo.

Así, hay dos fiscales trabajando en este asunto, como son el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, y el fiscal Manuel Fernández. Juan Enrique Egocheaga se encarga del denominado caso Mercasevilla en sus distintas vertientes, como son el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza, la venta "fraudulenta" de los suelos del merca y el presunto delito societario.