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lunes, 23 de enero de 2012

Varios cargos del PPCV se ven afectados por la dimisión de Camps

Las aguas bajan revueltas en el interior del PP valenciano. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha encontrado más resistencias de las previstas para hacerse con el control del partido. Sobre todo en la provincia de Valencia, donde cargos como la alcaldesa Rita Barberá y el presidente provincial del partido y de la Diputación, Alfonso Rus, no ocultan su malestar por haberse visto desplazados de la posición de privilegio que mantenían en la etapa presidida por el dimitido Francisco Camps.

Barberá habla en público de que “los enredos están volviendo al PP de la Comunidad Valenciana” y Rus se queja de que se entera de las decisiones importantes del presidente de la Generalitat por la prensa.

Quienes fueron dos de los principales pilares de Camps —en una etapa caracterizada por los excesos y algunos de los mayores escándalos de corrupción— ahora evidencian públicamente su malestar con el trato que les otorga Alberto Fabra y la nula presencia del PP valenciano en el equipo de Mariano Rajoy.

El malestar se ha acumulado a medida que el presidente valenciano tomaba decisiones y se desmarcaba de la herencia de Camps.

Tres han sido, fundamentalmente, las decisiones adoptadas por Fabra que han hecho estallar las tensiones en el seno del PP. Por un lado, la decisión de renegociar a la baja el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que se celebra en Valencia y que es el gran evento que exhibe la alcaldesa. Por otro, el retoque hecho por Fabra en el Gobierno heredado de Camps para desplazar de la vicepresidencia y la portavocía a las dos personas más identificadas con su antecesor.

Pero el elemento que más ronchas ha levantado en Barberá y en Rus ha sido la decisión de Alberto Fabra de aceptar una comisión de investigación sobre el caso Emarsa en el Parlamento. Un escándalo de corrupción relacionado con el saqueo de una depuradora, por el que el juez que instruye el caso ya ha imputado a Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación, y a varios cargos intermedios próximos a Barberá.

En este clima, Rus aprovechó la reunión de la junta directiva regional del partido, celebrada el martes por la noche, para criticar por elevación el poco peso de Alberto Fabra en Madrid. Rus se quejó de que Rajoy trata al PP de la Comunidad Valenciana “como si fuese Guinea Ecuatorial”. Y ayer volvió a insistir: “Parece que seamos apestados”, prosiguió, “y políticos valencianos hay muy buenos, prueba de ello es que estamos gobernando muchos años”. Rajoy no ha nombrado a ningún político valenciano entre sus 13 ministros ni entre sus 32 secretarios de Estado.

La alcaldesa de Valencia tampoco ocultó su disgusto en la reunión y permaneció ostensiblemente callada. Solo cuando un diputado autonómico apeló al valor de Barberá para afrontar situaciones difíciles, la alcaldesa replicó: “A mí, ni nombrarme, que estoy calentita”.

Tanto Rus, en público, como Barberá, en privado, recibieron la amonestación del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, quien les recordó que con Camps nunca se quejaban de lo que se decidía.

Y es que pese a las presiones de Barberá y Rus para condicionar las decisiones del presidente valenciano, el entorno de Mariano Rajoy ya les ha hecho saber a ambos que Alberto Fabra tiene ahora todo su respaldo y es el interlocutor de Génova en la Comunidad Valenciana.

martes, 18 de octubre de 2011

La vista por los trajes del Gürtel pasa a diciembre

El 12 de diciembre ha sido finalmente el día escogido para la vista por la causa de los trajes, una de las que deriva del caso Gürtel. Un proceso judicial plagado de recursos, el largo proceso de formación del jurado y la previsión de que será un juicio con varias sesiones, ya hacía prever que la fecha escogida por el tribunal sería tras el 20-N.

El auto hecho público hoy, elaborado por el magistrado del TSJCV encargado del caso Gürtel, Juan Climent, desvela que el propio juez admitirá parte de las pruebas reclamadas por Camps, entre las que se encuentran el que acudan a declarar empleados de los establecimientos en los que adquiere prendas de vestir más caras que las que supuestamente regalaba la red Gürtel. La razón expresada por el magistrado en el auto es la de “no dificultar el ejercicio del derecho de defensa de las partes acusadoras y acusadas y a no entorpecer las estrategias procesales de éstas, debiendo ser admitidos aquellos medios de prueba cuya impertinencia o inutilidad no conste o resulte manifiesta".

Según este auto, entre 2005 y 2008, cuando la sociedad de la trama Gürtel desarrolló el grueso de su actividad en Valencia, Camps recibió 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, valorados en unos 14.000 euros. Además, sostiene que el Ricardo Costa Climent recibió cuatro trajes y seis pantalones, por valor de unos 7.300 euros.

Además, el magistrado Climent señala que Orange Market “se ha dedicado a la organización de actos para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana” y añade que además de estos, “a partir del año 2005 le fueron adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto”. En su auto, el juez insiste en que el propósito de los regalos “era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”. E indica que los mismos pueden ser constitutivos de un “delito consumado de cohecho continuado”.

Francisco Camps ha cambiado su versión de los hechos varias veces. Primero negó los regalos y dijo que él se pagaba sus propias prendas. Después sostuvo que no podía haber juicio “porque no hay nada de nada”. Como presidente de la Generalitat, se negó a dimitir, pese a la imputación y las acusaciones durante más de dos años. Finalmente, presentó un recurso en el que sostenía que, en el caso de haber recibido los trajes, los hechos ocurrieron en Madrid (y no en Valencia, como sostiene la fiscalía) y él habría aceptado dichos regalos como presidente del PP valenciano y no por sus cargos institucionales.

Además, el ahora expresidente valenciano tuvo la oportunidad de acabar con el litigio llevando a cabo la estrategia pactada con los otros tres acusados: admitir su culpabilidad y evitar el juicio. Pero dejó en la estacada al que había sido su vicepresidente, Víctor Campos, y al exjefe del Gabinete de Turismo, Rafael Betoret, que aceptaron los delitos y fueron condenados por ello.

Ahora, Francisco Camps se sentará en el banquillo, ante un jurado popular, el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana. Según el mismo auto, el sorteo entre los candidatos a jurados se celebrará el día 26 de octubre de 2011.