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lunes, 23 de enero de 2012

La Junta ya tramita la restitución de 2'8 millones por parte de 56 imputados

Ahora toca devolver el dinero de todos que algunos cobraron sin el más mínimo esfuerzo. La Junta ha iniciado los expedientes de reintegro para que 56 intrusos restituyan a las arcas públicas los 2,8 millones que percibieron en forma de pólizas, pese a que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas por los ERE que pagó la Consejería de Empleo. Las labores del grupo de funcionarios que la Junta puso a escudriñar los abonos para identificar los intrusos entre las 6.000 pólizas que el Ejecutivo abona, han avanzado lentamente desde que comenzaron hace 11 meses, pero ya empieza a verse algo de luz al final del túnel.

Es un pequeño paso que en muchos casos será simbólico, porque los intrusos ignorarán el proceso administrativo abierto y acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativo. Pero al menos la Junta pelea porque estos beneficiados devuelvan el dinero cobrado de manera fraudulenta. El procedimiento administrativo se tramita en paralelo a la instrucción penal que dirige la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, algunos de estos intrusos vinculados al PSOE por militancia, amigos del ex director general de Trabajo Javier Guerrero o sencillamente vecinos de El Pedroso o la Sierra Norte sevillana, darán el paso y devolverán sus cobros. Arrepentidos o no, el ejemplo del exalcalde socialista Rafael Rosendo, que consignó 112.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado, demuestra a priori que la salida más astuta para evitar la cárcel a toda costa es devolver lo cobrado. La salida es el artículo 308 del Código Penal, que dejaría exentos a los intrusos de responsabilidad penal tras reintegrar el dinero.

El inicio de los expedientes de reintegro llega después de que durante los últimos meses el Ejecutivo escuchara las alegaciones de estos instrusos, que el consejero de Empleo, Manuel Recio, estimó habían usurpado junto a otros 16 intrusos y otros 111 casos de irregularidades administrativas, unos 10 millones a las arcas públicas. Es sencillo adivinar que la inmensa mayoría de estos 56 intrusos ignorarán la petición de Empleo, bien porque se hayan gastado el dinero como ya han reconocido muchos, o bien porque sus abogados plantearán batalla ante la Administración, sobre todo después de que la juez les haya impuesto fianzas por valor de 4,8 millones a los primeros 16 que declararon ante la magistrada. Además, algunos letrados opinan que el plazo para el reintegro de las ayudas públicas prescribe a los cuatro años.

Las peticiones de varios abogados de intrusos a la Junta para que cesara en su empeño de avanzar en el procedimiento administrativo, dado que existe otro procedimiento penal abierto, según el artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública, cayeron en saco roto. De manera preventiva, la Junta había puesto un cortafuegos al dejar de pagar a los intrusos identificados el pasado 25 de febrero de 2011. Desde entonces, fuentes del Gobierno andaluz justifican la tardanza en reclamar el dinero por las garantías jurídicas que merece un proceso administrativo tan alambicado: “La recuperación de cantidades indebidamente percibidas requiere de un complejo proceso administrativo que ha de contar con todas las garantías jurídicas (…). Será un proceso largo y complejo”.

La Junta inició su proceso administrativo hace unos 14 meses, cuando el 17 de noviembre de 2010 Empleo abrió un procedimiento de información reservada con el nombramiento de instructor y secretario para investigar el expediente de la empresa pública Mercasevilla. En el ERE de esta sociedad se había identificado el primer intruso, el militante socialista Antonio Garrido Santoyo, que posteriormente desencadenaría el inicio del caso de los ERE.

En paralelo al procedimiento administrativo contra los cobros ilegales de los intrusos, la Junta ha iniciado la revisión de todas las millonarias ayudas directas a empresas que entregó Empleo de manera arbitraria durante una década. Esto supone un largo camino que pondrá en cuestión la política de ayudas concedidas por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Más de 200 empresas percibieron estas subvenciones directas que en muchos casos carecieron de un seguimiento por parte de la Administración y el dinero se invirtió en propósitos muy alejados de la creación de empleo y generar dinamismo empresarial.

De este modo, la Junta examinará la letra pequeña de cada expediente. “Esto conllevará también el trámite de audiencia a los interesados y concluirá con la determinación de las que sean nulas por no respetar el procedimiento administrativo”, añaden las mismas fuentes. En caso de demostrarse que la ayuda fue irregular, se iniciará el consiguiente expediente de reintegro y remitirá al juzgado las que presenten indicios de delito.

Entre estas ayudas el Gobierno andaluz ha incluido las tres subvenciones que cobraron Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y su exsocio Isidoro Ruz, por 1,3 millones, para que sean devueltas a las arcas públicas.

viernes, 28 de octubre de 2011

Los acusados por el caso Mercasevilla, al banquillo

Los acusados por el caso Mercasevilla, que comparecieron la semana pasada ante la jueza Alaya en una vista preliminar del caso, irán finalmente a juicio, según reza el auto hecho público esta semana por la magistrada. Así, se confirma la acusación de coecho hacia el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Rivas, el exdirector de la lonja Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la extrabajadora Regla Pereira. Alaya apunta en el auto del caso que es "un claro ejemplo de corrupción" y conjetura sobre "una supuesta financiación ilegal del PSOE" tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, quien reclama una multa de 900.000 euros.

Los imputados, de izquierda a derecha: Mellet, Ponce, Pereira y Rivas.

Mercedes Alaya emitió el pasado miércoles, como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el auto de apertura del juicio oral. De este modo, se da por finalizada la instrucción del caso Mercasevilla, que ya ha sido remitido a la Oficina del Jurado para que se inicien los trámites para el proceso judicial. Tras escuchar las pretensiones de ambas partes en la vista preliminar de la pasada semana, la magistrada rechaza todas las solicitudes de sobreseimiento de las defensas. Los acusados deberán comparecer ante un jurado popular por reclamar 300.000 euros de comisión a los empresarios del Grupo La Raza para hacerse con la gestión de una escuela de hostelería en Mercasevilla, que ya contaba con una subvención de 900.000 aprobada por la Consejería de Empleo.

La jueza Alaya rechaza en el auto la nulidad de la grabación en la que se oye a los directivos de la lonja sevillana solicitar la comisión. Para la magistrada, el testimonio de los empresarios de La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas "y el contenido de la grabación sobre las maneras en que se reclamaron los pagos”, son pruebas “tan expresivas, tan directas, tan burdas, que representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción", asegura.

La jueza especifica que la petición de la comisión fue instada por Rivas, aunque en la grabación la reclaman Mellet y Ponce. Alaya afirma que "existen sólidos indicios" contra Daniel Ponce y contra Fernando Mellet, a quien considera el "ideador" del proyecto, pero reconoce que en el caso de Rivas y Pereira, en especial para ésta, "el material probatorio que existe es más débil, pero suficiente para que puedan ser juzgados y que su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio del plenario". La magistrada, al creer que Rivas indicó a los directivos la solicitud de la comisión, concluye que el exdelegado "Debe ser juzgado como acusado pues son tan vehementes, tan contundentes, tan claras, las expresiones" -de Mellet y Ponce en la grabación- “que resulta poco probable que estas exigencias fueran decididas por estos”.

Alaya recuerda además que los directivos "hacen continuas alusiones" a que dicha comisión "obedece al comportamiento habitual de la Junta, incluso deslizando sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE cuando dicen: ‘será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis'”.