Los acusados por el caso Mercasevilla, al banquillo

Los acusados por el caso Mercasevilla, que comparecieron la semana pasada ante la jueza Alaya en una vista preliminar del caso, irán finalmente a juicio, según reza el auto hecho público esta semana por la magistrada. Así, se confirma la acusación de coecho hacia el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Rivas, el exdirector de la lonja Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la extrabajadora Regla Pereira. Alaya apunta en el auto del caso que es "un claro ejemplo de corrupción" y conjetura sobre "una supuesta financiación ilegal del PSOE" tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, quien reclama una multa de 900.000 euros.

Los imputados, de izquierda a derecha: Mellet, Ponce, Pereira y Rivas.

Mercedes Alaya emitió el pasado miércoles, como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el auto de apertura del juicio oral. De este modo, se da por finalizada la instrucción del caso Mercasevilla, que ya ha sido remitido a la Oficina del Jurado para que se inicien los trámites para el proceso judicial. Tras escuchar las pretensiones de ambas partes en la vista preliminar de la pasada semana, la magistrada rechaza todas las solicitudes de sobreseimiento de las defensas. Los acusados deberán comparecer ante un jurado popular por reclamar 300.000 euros de comisión a los empresarios del Grupo La Raza para hacerse con la gestión de una escuela de hostelería en Mercasevilla, que ya contaba con una subvención de 900.000 aprobada por la Consejería de Empleo.

La jueza Alaya rechaza en el auto la nulidad de la grabación en la que se oye a los directivos de la lonja sevillana solicitar la comisión. Para la magistrada, el testimonio de los empresarios de La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas "y el contenido de la grabación sobre las maneras en que se reclamaron los pagos”, son pruebas “tan expresivas, tan directas, tan burdas, que representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción", asegura.

La jueza especifica que la petición de la comisión fue instada por Rivas, aunque en la grabación la reclaman Mellet y Ponce. Alaya afirma que "existen sólidos indicios" contra Daniel Ponce y contra Fernando Mellet, a quien considera el "ideador" del proyecto, pero reconoce que en el caso de Rivas y Pereira, en especial para ésta, "el material probatorio que existe es más débil, pero suficiente para que puedan ser juzgados y que su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio del plenario". La magistrada, al creer que Rivas indicó a los directivos la solicitud de la comisión, concluye que el exdelegado "Debe ser juzgado como acusado pues son tan vehementes, tan contundentes, tan claras, las expresiones" -de Mellet y Ponce en la grabación- “que resulta poco probable que estas exigencias fueran decididas por estos”.

Alaya recuerda además que los directivos "hacen continuas alusiones" a que dicha comisión "obedece al comportamiento habitual de la Junta, incluso deslizando sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE cuando dicen: ‘será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis'”.