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lunes, 23 de enero de 2012

Ruz será sustituido al mando de los casos 'Gürtel' y 'Faisán'

La sentencia contra Baltasar Garzón por la presunta irregularidad en la obtención de las escuchas del ‘caso Gürtel’ será definitoria para la carrera de Pablo Ruz, sustituto de aquél en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. El CGPJ sacaría a concurso su plaza, ahora ocupada de forma interina. Los casos ‘Faisán’ y ‘Gürtel’ se verían abocados de nuevo a la fase de instrucción.

Baltasar Garzón conocerá la sentencia por las escuchas irregulares de Gürtel a lo largo de las próximas dos semanas y de ella depende mucho más que el ego y la carrera del juez estrella. Su probable condena se extendería también a su suplente en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, el magistrado Pablo Ruz, que habría de abandonar la plaza y, la instrucción, entre otros, de los casos Faisán y Gürtel. Fuentes de la carrera judicial consultadas por LA GACETA fijan para “antes de Semana Santa” la marcha de Ruz si los acontecimientos se desarrollan con normalidad.

Desde el entorno de Garzón, pesimista en extremo sobre el veredicto del Tribunal Supremo, se apunta ya que el juez presentará un recurso de amparo al Constitucional en virtud del artículo 24 de la Carta Magna (ha señalado que es la última vez que comparece en un tribunal español por esta causa, pero se refiere al plano físico, ya que en el Constitucional no hay vista) y su abogado en esta la primera de sus tres causas, Francisco Baena, ha mostrado sin rodeos que su patrocinado acudirá, si es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Tan grandilocuentes maniobras, sin embargo, no suspenderían la sentencia del Supremo, por lo que Garzón perderá, presumiblemente, su plaza en la Audiencia Nacional, cambiando su estatus de suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a expulsado, durante el periodo de inhabilitación correspondiente, de la carrera judicial. La pérdida del puesto de Garzón provocaría que la plaza que Pablo Ruz ocupa en comisión de servicios fuera sacada a concurso por la Comisión Permanente del CGPJ.

Obviamente, Ruz podrá optar a ocupar la plaza como titular, aunque su juventud (36 años) le perjudicaría notablemente en una concurrencia que se dirime por razón de antigüedad obviando criterios de mérito. La plaza en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital es muy apetecible para magistrados ávidos de potenciar su carrera. No obstante lo anterior, la dimensión mediática de la Audiencia Nacional provoca un cierto rechazo en magistrados veteranos y ajenos al protagonismo, por lo que, partiendo de una posición muy complicada, no se descarta que Ruz pudiera lograr la titularidad del cargo que ostenta en funciones.

Más allá de los nombres, están en juego dos casos de importancia superlativa, el Faisán y Gürtel. Ambos procesos, con un componente político desmesurado, caerían en manos del juez más veterano de los postulantes.

En lo referente al primero, unido inexorablemente a la figura de Ruz, parece que no podrá ser instruido antes del relevo en el juzgado, por lo que se demoraría sobremanera, teniendo en cuenta que el nuevo titular habrá de abordar la instrucción desde el principio. Lo propio ocurriría en el caso Gürtel, con la salvedad de que una ingente cantidad de información permanece en secreto.

Hace cinco días, el TSJ de Madrid envió al juzgado de Instrucción número 5 los 671 tomos de los que consta la causa, toda vez que los tres ex diputados autonómicos imputados en el proceso perdieran su condición de aforados. La causa llegó a tener 117 imputados, aunque se han visto reducidos a 88, de los que sólo dos permanecen en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, que en breve podrían ser puestos en libertad.

La Junta ya tramita la restitución de 2'8 millones por parte de 56 imputados

Ahora toca devolver el dinero de todos que algunos cobraron sin el más mínimo esfuerzo. La Junta ha iniciado los expedientes de reintegro para que 56 intrusos restituyan a las arcas públicas los 2,8 millones que percibieron en forma de pólizas, pese a que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas por los ERE que pagó la Consejería de Empleo. Las labores del grupo de funcionarios que la Junta puso a escudriñar los abonos para identificar los intrusos entre las 6.000 pólizas que el Ejecutivo abona, han avanzado lentamente desde que comenzaron hace 11 meses, pero ya empieza a verse algo de luz al final del túnel.

Es un pequeño paso que en muchos casos será simbólico, porque los intrusos ignorarán el proceso administrativo abierto y acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativo. Pero al menos la Junta pelea porque estos beneficiados devuelvan el dinero cobrado de manera fraudulenta. El procedimiento administrativo se tramita en paralelo a la instrucción penal que dirige la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, algunos de estos intrusos vinculados al PSOE por militancia, amigos del ex director general de Trabajo Javier Guerrero o sencillamente vecinos de El Pedroso o la Sierra Norte sevillana, darán el paso y devolverán sus cobros. Arrepentidos o no, el ejemplo del exalcalde socialista Rafael Rosendo, que consignó 112.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado, demuestra a priori que la salida más astuta para evitar la cárcel a toda costa es devolver lo cobrado. La salida es el artículo 308 del Código Penal, que dejaría exentos a los intrusos de responsabilidad penal tras reintegrar el dinero.

El inicio de los expedientes de reintegro llega después de que durante los últimos meses el Ejecutivo escuchara las alegaciones de estos instrusos, que el consejero de Empleo, Manuel Recio, estimó habían usurpado junto a otros 16 intrusos y otros 111 casos de irregularidades administrativas, unos 10 millones a las arcas públicas. Es sencillo adivinar que la inmensa mayoría de estos 56 intrusos ignorarán la petición de Empleo, bien porque se hayan gastado el dinero como ya han reconocido muchos, o bien porque sus abogados plantearán batalla ante la Administración, sobre todo después de que la juez les haya impuesto fianzas por valor de 4,8 millones a los primeros 16 que declararon ante la magistrada. Además, algunos letrados opinan que el plazo para el reintegro de las ayudas públicas prescribe a los cuatro años.

Las peticiones de varios abogados de intrusos a la Junta para que cesara en su empeño de avanzar en el procedimiento administrativo, dado que existe otro procedimiento penal abierto, según el artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública, cayeron en saco roto. De manera preventiva, la Junta había puesto un cortafuegos al dejar de pagar a los intrusos identificados el pasado 25 de febrero de 2011. Desde entonces, fuentes del Gobierno andaluz justifican la tardanza en reclamar el dinero por las garantías jurídicas que merece un proceso administrativo tan alambicado: “La recuperación de cantidades indebidamente percibidas requiere de un complejo proceso administrativo que ha de contar con todas las garantías jurídicas (…). Será un proceso largo y complejo”.

La Junta inició su proceso administrativo hace unos 14 meses, cuando el 17 de noviembre de 2010 Empleo abrió un procedimiento de información reservada con el nombramiento de instructor y secretario para investigar el expediente de la empresa pública Mercasevilla. En el ERE de esta sociedad se había identificado el primer intruso, el militante socialista Antonio Garrido Santoyo, que posteriormente desencadenaría el inicio del caso de los ERE.

En paralelo al procedimiento administrativo contra los cobros ilegales de los intrusos, la Junta ha iniciado la revisión de todas las millonarias ayudas directas a empresas que entregó Empleo de manera arbitraria durante una década. Esto supone un largo camino que pondrá en cuestión la política de ayudas concedidas por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Más de 200 empresas percibieron estas subvenciones directas que en muchos casos carecieron de un seguimiento por parte de la Administración y el dinero se invirtió en propósitos muy alejados de la creación de empleo y generar dinamismo empresarial.

De este modo, la Junta examinará la letra pequeña de cada expediente. “Esto conllevará también el trámite de audiencia a los interesados y concluirá con la determinación de las que sean nulas por no respetar el procedimiento administrativo”, añaden las mismas fuentes. En caso de demostrarse que la ayuda fue irregular, se iniciará el consiguiente expediente de reintegro y remitirá al juzgado las que presenten indicios de delito.

Entre estas ayudas el Gobierno andaluz ha incluido las tres subvenciones que cobraron Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y su exsocio Isidoro Ruz, por 1,3 millones, para que sean devueltas a las arcas públicas.

Varios cargos del PPCV se ven afectados por la dimisión de Camps

Las aguas bajan revueltas en el interior del PP valenciano. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha encontrado más resistencias de las previstas para hacerse con el control del partido. Sobre todo en la provincia de Valencia, donde cargos como la alcaldesa Rita Barberá y el presidente provincial del partido y de la Diputación, Alfonso Rus, no ocultan su malestar por haberse visto desplazados de la posición de privilegio que mantenían en la etapa presidida por el dimitido Francisco Camps.

Barberá habla en público de que “los enredos están volviendo al PP de la Comunidad Valenciana” y Rus se queja de que se entera de las decisiones importantes del presidente de la Generalitat por la prensa.

Quienes fueron dos de los principales pilares de Camps —en una etapa caracterizada por los excesos y algunos de los mayores escándalos de corrupción— ahora evidencian públicamente su malestar con el trato que les otorga Alberto Fabra y la nula presencia del PP valenciano en el equipo de Mariano Rajoy.

El malestar se ha acumulado a medida que el presidente valenciano tomaba decisiones y se desmarcaba de la herencia de Camps.

Tres han sido, fundamentalmente, las decisiones adoptadas por Fabra que han hecho estallar las tensiones en el seno del PP. Por un lado, la decisión de renegociar a la baja el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que se celebra en Valencia y que es el gran evento que exhibe la alcaldesa. Por otro, el retoque hecho por Fabra en el Gobierno heredado de Camps para desplazar de la vicepresidencia y la portavocía a las dos personas más identificadas con su antecesor.

Pero el elemento que más ronchas ha levantado en Barberá y en Rus ha sido la decisión de Alberto Fabra de aceptar una comisión de investigación sobre el caso Emarsa en el Parlamento. Un escándalo de corrupción relacionado con el saqueo de una depuradora, por el que el juez que instruye el caso ya ha imputado a Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación, y a varios cargos intermedios próximos a Barberá.

En este clima, Rus aprovechó la reunión de la junta directiva regional del partido, celebrada el martes por la noche, para criticar por elevación el poco peso de Alberto Fabra en Madrid. Rus se quejó de que Rajoy trata al PP de la Comunidad Valenciana “como si fuese Guinea Ecuatorial”. Y ayer volvió a insistir: “Parece que seamos apestados”, prosiguió, “y políticos valencianos hay muy buenos, prueba de ello es que estamos gobernando muchos años”. Rajoy no ha nombrado a ningún político valenciano entre sus 13 ministros ni entre sus 32 secretarios de Estado.

La alcaldesa de Valencia tampoco ocultó su disgusto en la reunión y permaneció ostensiblemente callada. Solo cuando un diputado autonómico apeló al valor de Barberá para afrontar situaciones difíciles, la alcaldesa replicó: “A mí, ni nombrarme, que estoy calentita”.

Tanto Rus, en público, como Barberá, en privado, recibieron la amonestación del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, quien les recordó que con Camps nunca se quejaban de lo que se decidía.

Y es que pese a las presiones de Barberá y Rus para condicionar las decisiones del presidente valenciano, el entorno de Mariano Rajoy ya les ha hecho saber a ambos que Alberto Fabra tiene ahora todo su respaldo y es el interlocutor de Génova en la Comunidad Valenciana.

sábado, 21 de enero de 2012

Císcar califica de "tolerancia cero" la política del Consell ante la corrupción


El vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha asegurado hoy que la política del Consell ante la corrupción es de "tolerancia cero", aunque ha recordado la importancia de la "presunción de inocencia".


José Ciscar, vicepresidente de la Generalitat Valenciana.

Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por los periodistas por la posibilidad de que su partido tome medidas contra uno de los imputados en el caso Emarsa, el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo.

Ha explicado que, aunque algunos medios han publicado más detalles sobre este caso en que se investiga a la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo, "no se ha conocido nada nuevo que esté reflejado en una decisión judicial".

En este sentido, ha apelado a "la equidad" y ha aclarado que aunque "es muy difícil ser ecuánime con todo el mundo", es necesario "valorar cada caso concreto para no perjudicar a nadie".

El vicepresidente ha recordado que se han conocido casos "en que personas que han sido detenidas o imputadas luego han sido absueltas o se ha archivado su causa" y ha puesto como ejemplo a la atleta Marta Domínguez y al ministro de Industria, José Manuel Soria, imputado por cohecho y cuyo caso fue archivado al año siguiente.

Además, ha destacado que el Gobierno valenciano ha "propiciado" una comisión de investigación del caso Emarsa y se ha personado en el procedimiento como acusación particular, de manera que no tomará más medidas por el momento al no haber "ninguna novedad".

Aunque "es muy difícil ser ecuánimes", ha reconocido, son los jueces quienes "tienen que hacer su trabajo", investigar "hasta el final y depurar todas las posibilidades".

Asimismo, ha señalado que el PP celebrará un congreso nacional "muy importante" en el que se marcará "la pauta para el futuro a nivel orgánico".

Preguntado por la información que publica hoy el diario El País y que apunta que el juez ha identificado otras supuestas fuentes e financiación ilegal del PP valenciano, Císcar se ha remitido a sus palabras sobre el caso Emarsa.

A este respecto, ha indicado que la voluntad del Consell es que los jueces "investiguen absolutamente todo", pero ha subrayado que en este caso esa información "tampoco está plasmada en ninguna providencia, auto o sentencia del juez".

EFE

jueves, 19 de enero de 2012

Juan Lanzas, implicado en los ERE de Mercasevilla de 2007

El nuevo director general de Mercasevilla, Manuel Blanco, ha confirmado lo que era algo más que una sospecha: que el «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, quiso colarse como «intruso» en el Expediente de Regulación de Empleo que el mercado sevillano aprobó en 2007.

Una carta de Generali Seguros, tras una consulta del gerente, confirma que Juan Lanzas Fernández aparece en la lista como el asegurado número 22 con derecho a cobro. Sin embargo, finalmente no llegó a formalizarse la prima y, por tanto, no recibió «ningún tipo de pago».

Este extremo ya fue apuntado por la juez que instruye el caso , Mercedes Alaya, que en uno de sus autos ya señaló a Lanzas como «conseguidor» en diferentes ERE y destacó su intento de inclusión «de él mismo en la póliza que garantizaba el ERE de 2007 de Mercasevilla». No sería la primera vez ya que ex el sindicalista de UGT aparece como beneficiario, junto a su mujer, de una póliza de renta colectiva en Hitemasa pese a que ninguno de los dos trabajó nunca en la empresa textil.

En este mismo ERE sí figura Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) y que ha percibido en torno a 110.000 euros pese a que jamás trabajó en Mercasevilla. Fue el primero de los «intrusos» detectados en la trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con cargo al Presupuesto de la Junta.
Fue precisamente este segundo ERE uno de los indicios que permitió a la instructora desvelar la existencia de una trama de prejubilaciones irregulares, ya que Mercasevilla ya se acogió a otro ERE en 2003. Cuatro años más tarde repitió la operación, lo que motivó las sospechas de la instructora del caso.

Precisamente, el ERE de 2003 ha ocasionado que tres prejubilados que se acogieron al mismo hayan denunciado por prevaricación a cuatro altos cargos de la Consejería de Empleo, entre ellos al viceconsejero Justo Mañas. Estos ex trabajadores han visto como el Gobierno andaluz ha dejado de pagarles sus pólizas cuando saltó al escándalo al considerar que no tienen derecho. Ello s mantienen que sí y ayer recordaron que ni siquiera están imputados.

Imputados exdirectivos de Agrupació Mútua por cuatro delitos fiscales

El magistrado titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado a declarar como imputados a los exdirectivos de Agrupació Mútua Jordi Conejos y Miquel Navas por una presunta descapitalización de la aseguradora a través de un proyecto que beneficiaba a la inmobiliaria encargada de construir su sede.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado a los dos exdirectivos, junto al exadministrador de la inmobiliaria Lodares 98, en el marco de la investigación que tiene abierta a raíz de una querella presentada por la Fiscalía.

La querella acusa a Conejos y Navas, consejeros delegados de Agrupació Mútua en la época en que la presidía el ex responsable del Palau de la Música Fèlix Millet, de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación en documento mercantil.

El ministerio público interpuso su querella en base a la denuncia que le presentó la nueva dirección de Agrupació Mútua tras ser intervenida por la Dirección General de Seguros a finales de 2009.

Los exdirectivos de Agrupació Mútua declararán ante el juez el próximo 15 de febrero para aclarar si, como señala la Fiscalía, con su gestión del proyecto inmobiliario de plaza Cerdà que debía albergar la sede de su sociedad participada Amci causaron un perjuicio económico de cerca de 20 millones de euros.

Según investiga la Fiscalía, dichas pérdidas derivan de la compra del solar donde la aseguradora pretendía construir su sede, realizada en 2007 por Conejos, y de la adquisición de una parte de la sociedad conjunta que Agrupació Mútua creó con la inmobiliaria Lodares 98 para construir el edificio.

La querella cree que los imputados incurrieron presuntamente en "actos de descapitalización" de Agrupació Mútua y de la sociedad participada por ella AMCI-BD, "en beneficio casi exclusivo de la sociedad Lodares 98".

Esa descapitalización, considera el ministerio público, se perpetró mediante el pago de un importante sobreprecio no justificado en la adquisición de los terrenos donde debía edificarse la futura sede de la entidad y la realización de contratos y convenios "extraordinariamente beneficiosos" para Lodares 98.

La investigación del fiscal ha constatado también importantes pagos sin justificación y facturación falsa -sea por servicios no prestados o "inflados"- que, según los peritos, causaron un importante perjuicio patrimonial a la aseguradora.

Ambos imputados eran consejeros delegados de Agrupació Mútua durante la época en que estuvo presidida por Fèlix Millet, quien, apunta la querella, en una de las reuniones de la directiva manifestó su "sorpresa y disconformidad" por una de las operaciones que beneficiaban a la inmobiliaria Lodares 98.

martes, 17 de enero de 2012

El Supremo llama a declarar a José Blanco por el 'caso Campeón'

El Tribunal Supremo ha citado a declarar para el próximo 26 de enero en calidad de imputado al exministro de Fomento José Blanco, quien deberá responder por su presunta implicación en el 'caso Campeón'. El instructor de la causa, el magistrado del Supremo Ramón Soriano, ha citado a declarar a Blanco para el 26 de enero a las 10.30 horas, según indicaron fuentes del tribunal.

Blanco, por su condición de diputado en esta legislatura, tiene aforamiento y sólo puede ser investigado y enjuiciado por el Supremo. La apertura de diligencias cuenta con el respaldo de la Fiscalía, quien reclamó al Supremo la incoación de una investigación judicial contra Blanco.


José Blanco, exministro de Fomento, es uno de los implicados en el 'caso Campeón'.

La investigación, abierta el pasado 28 de diciembre, busca determinar si Blanco cometió delitos de cohecho y de tráfico de influencias. Blanco podría haber incurrido en dichos delitos por haber presuntamente recibido comisiones irregulares empezando por, entre otras gestiones, la concesión de ayudas públicas a las empresas de Jorge Dorribo, el supuesto 'cerebro' de la trama de corrupción.

El caso, en el que ya hay una veintena de imputados, investiga entre otros aspectos las concesiones públicas irregulares adjudicadas a las empresas de Dorribo, principalmente a la farmacéutica Laboratorios Nupel. El empresario ingresó en prisión preventiva el pasado mayo pasado tras ser arrestado como presunto “cerebro” de la “Operación Campeón”, pero quedó en libertad el 8 de agosto tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.

En el caso también estarían implicados los ya exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), quienes dimitieron a raíz de las acusaciones presentadas en su contra.

viernes, 13 de enero de 2012

El fiscal Anticorrupción y la fiscal jefe de Sevilla analizan la investigación de los ERE

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, se ha reunido este viernes con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y han analizado, entre otros asuntos, la investigación en torno a la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que en la reunión, que se ha prolongado durante toda la mañana, el fiscal jefe Anticorrupción a nivel nacional ha analizado junto con Segarra y los dos fiscales encargados del caso la investigación que lidera el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en torno a las presuntas irregularidades halladas en los ERE, entre otros asuntos.

Según las fuentes, la reunión se ha desarrollado en el despacho de la fiscal jefe de Sevilla, sin que hayan trascendido más detalles acerca de la misma. Hay que recordar que, el pasado día 6 de abril de 2011 y justo después de que la Fiscalía Anticorrupción asumiera la investigación en torno a este asunto, Antonio Salinas ya mantuvo una primera reunión con María José Segarra a fin de coordinar el trabajo en este campo.

Así, hay dos fiscales trabajando en este asunto, como son el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, y el fiscal Manuel Fernández. Juan Enrique Egocheaga se encarga del denominado caso Mercasevilla en sus distintas vertientes, como son el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza, la venta "fraudulenta" de los suelos del merca y el presunto delito societario.

jueves, 12 de enero de 2012

Interior inicia la 'limpieza' en la cúpula policial

El Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, ha comenzado a saldar las cuentas pendientes, como la de la corrupción en el seno de la Policía Nacional. El nuevo director general, Ignacio Cosidó, principal rival político de Alfredo Pérez Rubalcaba mientras este fue ministro del Interior, ha destituido casi a la totalidad de la cúpula del cuerpo, 10 de los 13 mandos policiales. Tan sólo permanecen los responsables de las áreas más técnicas: personal, recursos humanos y coordinación económica y técnica.

Los nombramientos han recaído sobre personas con mucha experiencia en el ámbito policial aunque algunos gozan de una extraordinaria juventud; de forma que el director adjunto operativo, será Eugenio Pino, que ya dirigió las Unidades de Intervención Policial y que supuso una fuerza de oposición para Rubalcaba porque buscaba una mayor profesionalización de los cuerpos de seguridad del Estado.

Aunque la sustitución de los principales mandos de la policía es habitual cuando se produce un cambio de Gobierno, no lo es tanto que los cambios se produzcan de forma tan inmediata y numerosa. También ha sorprendido la decisión porque el responsable de la Comisaría General de Información es quien maneja todos los resortes de cuantas investigaciones están abiertas tanto sobre ETA como sobre el terrorismo denominado internacional.

Sin embargo, ha tenido un fuerte peso en esta decisión el cómo la dirección del cuerpo ha gestionado algunos casos especialmente polémicos, como el chivatazo a ETA, más conocido como caso Faisán. En él están implicados varios mandos policiales de la lucha antiterrorista que se sospecha advirtieron a un recaudador del impuesto revolucionario de que lo iban a detener cuando cruzase la frontera francesa con el coche lleno de dinero. El caso, que instruye un juzgado de la Audiencia Nacional aunque en estado de semicongelación, continúa sin ser resuelto.

Entre los relevados están también el director operativo adjunto, Miguel Ángel Fernández Chico, el comisario general de información, Miguel Valverde, máximo responsable de la lucha antiterrorista, y el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, que ha liderado los últimos años la persecución del crimen organizado y de la corrupción en nuestro país. Bajo el mando de este último han estado los policías que han llevado a cabo investigaciones de casos tan relevantes como Gürtel y Palma Arena. González era de los más veteranos en su puesto, pues ha estado en él desde que fue nombrado en el 2004.

También ayer trascendió que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió el pasado martes en el ministerio la visita del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El propio Fernández Díaz confirmó ayer en el Congreso que la visita se produjo, que se celebró a petición del ex presidente y que el encuentro fue "largo, cordial, muy profundo, muy serio y muy institucional". En cuanto al contenido, el ministro se limitó a admitir que lógicamente se habló de ETA, pero también de otras cosas "sobre las que deben hablar un ministro del Interior y un ex presidente".

jueves, 10 de noviembre de 2011

Llamazares reivindica el aumento de las penas por corrupción

Gaspar Llamazares defendió ayer, en el debate electoral a cinco bandas organizado por TVE, la postura de IU de endurecer las penas establecidas en el Código Penal contra la corrupción política. El representante de IU fue el primero en sacar el tema a la palestra recordando que los candidatos del PP y el PSOE a la Presidencia del Gobierno no abordaron dicho tema en su careo previo, el pasado lunes en la Academia de Televisión. De los cinco representantes que comparecieron en el debate de anoche, sólo Alberto Ruiz Gallardón (PP) secundó a Llamazares en el tema de la corrupción política, reivindicando una "respuesta inmediata" de la justicia ante estos casos. Los representantes del PSOE, CiU y el PNV no se refirieron a este asunto en sus intervenciones.




Llamazares, anoche durante el debate en TVE

El número uno de IU en las listas al Congreso por Asturias, Gaspar Llamazares, fue el primero en sacar a colación el tema de la corrupción. "No hay derecho a que siendo como es generosa y honesta la actitud de la mayor parte de los políticos, unos empañen nuestra imagen", expresó Llamazares en el debate de anoche, tras lo cual reprendió a Rubalcaba y Rajoy por haber obviado dicho asunto en el cara a cara que mantuvieron el pasado día 7.

El candidato de IU apuntó incluso a “las altas instacias del Estado" en una de sus intervenciones, en alusión a la supuesta vinculación del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en un presunto delito de malversación de fondos.

Entre las medidas que propone para hacer frente a la corrupción, Llamazares ha defendido la posibilidad de "incrementar las penas" en el Código Penal y que los partidos sean "responsables subsidiarios" del control de sus cargos.

En cuanto al Alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón defendió que "frente a la corrupción" se debe recurrir a "la aplicación de la ley". El número cuatro del PP por Madrid reconoció que hay que "mejorar mucho" en la batalla contra la corrupción hasta conseguir que sea “objetivamente muy difícil" que los políticos "no cumplan sus códigos éticos" o "se corrompan". Pero si alguien cae en la corrupción, reivindicó, “debe haber una respuesta inmediata" por parte de la ley.

Los candidatos de IU y PP, aunque en mayor medida Llamazares, fueron los únicos que se implicaron en el tema. Ni el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui (PSOE), ni Pere Macias, representante de CiU, ni Josu Erkoreka (PNV), abordaron esta cuestión durante el debate.

viernes, 28 de octubre de 2011

Los acusados por el caso Mercasevilla, al banquillo

Los acusados por el caso Mercasevilla, que comparecieron la semana pasada ante la jueza Alaya en una vista preliminar del caso, irán finalmente a juicio, según reza el auto hecho público esta semana por la magistrada. Así, se confirma la acusación de coecho hacia el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Rivas, el exdirector de la lonja Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la extrabajadora Regla Pereira. Alaya apunta en el auto del caso que es "un claro ejemplo de corrupción" y conjetura sobre "una supuesta financiación ilegal del PSOE" tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, quien reclama una multa de 900.000 euros.

Los imputados, de izquierda a derecha: Mellet, Ponce, Pereira y Rivas.

Mercedes Alaya emitió el pasado miércoles, como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el auto de apertura del juicio oral. De este modo, se da por finalizada la instrucción del caso Mercasevilla, que ya ha sido remitido a la Oficina del Jurado para que se inicien los trámites para el proceso judicial. Tras escuchar las pretensiones de ambas partes en la vista preliminar de la pasada semana, la magistrada rechaza todas las solicitudes de sobreseimiento de las defensas. Los acusados deberán comparecer ante un jurado popular por reclamar 300.000 euros de comisión a los empresarios del Grupo La Raza para hacerse con la gestión de una escuela de hostelería en Mercasevilla, que ya contaba con una subvención de 900.000 aprobada por la Consejería de Empleo.

La jueza Alaya rechaza en el auto la nulidad de la grabación en la que se oye a los directivos de la lonja sevillana solicitar la comisión. Para la magistrada, el testimonio de los empresarios de La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas "y el contenido de la grabación sobre las maneras en que se reclamaron los pagos”, son pruebas “tan expresivas, tan directas, tan burdas, que representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción", asegura.

La jueza especifica que la petición de la comisión fue instada por Rivas, aunque en la grabación la reclaman Mellet y Ponce. Alaya afirma que "existen sólidos indicios" contra Daniel Ponce y contra Fernando Mellet, a quien considera el "ideador" del proyecto, pero reconoce que en el caso de Rivas y Pereira, en especial para ésta, "el material probatorio que existe es más débil, pero suficiente para que puedan ser juzgados y que su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio del plenario". La magistrada, al creer que Rivas indicó a los directivos la solicitud de la comisión, concluye que el exdelegado "Debe ser juzgado como acusado pues son tan vehementes, tan contundentes, tan claras, las expresiones" -de Mellet y Ponce en la grabación- “que resulta poco probable que estas exigencias fueran decididas por estos”.

Alaya recuerda además que los directivos "hacen continuas alusiones" a que dicha comisión "obedece al comportamiento habitual de la Junta, incluso deslizando sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE cuando dicen: ‘será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis'”.

martes, 18 de octubre de 2011

La vista por los trajes del Gürtel pasa a diciembre

El 12 de diciembre ha sido finalmente el día escogido para la vista por la causa de los trajes, una de las que deriva del caso Gürtel. Un proceso judicial plagado de recursos, el largo proceso de formación del jurado y la previsión de que será un juicio con varias sesiones, ya hacía prever que la fecha escogida por el tribunal sería tras el 20-N.

El auto hecho público hoy, elaborado por el magistrado del TSJCV encargado del caso Gürtel, Juan Climent, desvela que el propio juez admitirá parte de las pruebas reclamadas por Camps, entre las que se encuentran el que acudan a declarar empleados de los establecimientos en los que adquiere prendas de vestir más caras que las que supuestamente regalaba la red Gürtel. La razón expresada por el magistrado en el auto es la de “no dificultar el ejercicio del derecho de defensa de las partes acusadoras y acusadas y a no entorpecer las estrategias procesales de éstas, debiendo ser admitidos aquellos medios de prueba cuya impertinencia o inutilidad no conste o resulte manifiesta".

Según este auto, entre 2005 y 2008, cuando la sociedad de la trama Gürtel desarrolló el grueso de su actividad en Valencia, Camps recibió 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, valorados en unos 14.000 euros. Además, sostiene que el Ricardo Costa Climent recibió cuatro trajes y seis pantalones, por valor de unos 7.300 euros.

Además, el magistrado Climent señala que Orange Market “se ha dedicado a la organización de actos para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana” y añade que además de estos, “a partir del año 2005 le fueron adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto”. En su auto, el juez insiste en que el propósito de los regalos “era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”. E indica que los mismos pueden ser constitutivos de un “delito consumado de cohecho continuado”.

Francisco Camps ha cambiado su versión de los hechos varias veces. Primero negó los regalos y dijo que él se pagaba sus propias prendas. Después sostuvo que no podía haber juicio “porque no hay nada de nada”. Como presidente de la Generalitat, se negó a dimitir, pese a la imputación y las acusaciones durante más de dos años. Finalmente, presentó un recurso en el que sostenía que, en el caso de haber recibido los trajes, los hechos ocurrieron en Madrid (y no en Valencia, como sostiene la fiscalía) y él habría aceptado dichos regalos como presidente del PP valenciano y no por sus cargos institucionales.

Además, el ahora expresidente valenciano tuvo la oportunidad de acabar con el litigio llevando a cabo la estrategia pactada con los otros tres acusados: admitir su culpabilidad y evitar el juicio. Pero dejó en la estacada al que había sido su vicepresidente, Víctor Campos, y al exjefe del Gabinete de Turismo, Rafael Betoret, que aceptaron los delitos y fueron condenados por ello.

Ahora, Francisco Camps se sentará en el banquillo, ante un jurado popular, el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana. Según el mismo auto, el sorteo entre los candidatos a jurados se celebrará el día 26 de octubre de 2011.

lunes, 17 de octubre de 2011

IU se desmarca, vía Google, de la corrupción política


El último vídeo propuesto en la campaña electoral deIzquierda Unida para el 20-N dará que hablar. En eĺ se invita a lagente a encomendarse a Google como juez imparcial, realizando en el motor tres búsquedas con la palabra "ladrones",seguida de las siglas "PP", "PSOE", e "IU".Este spot, elaborado por los ciberactivistas 'reclutados' por GasparLlamazares la semana pasada en Asturias, pretende ofrecer la imagende un candidato honrado -Llamazares- en el Principado, y de unpartido como alternativa al margen de la corrupción.
Segundo vídeo de la campaña 'Rebélate' de IU.

Con esta campaña, el partido dirigido por Cayo Lara aboga por hacer campaña "con la gente", a la vez que clarifica la postura de IU de "tolerancia cero ante la corrupción", en palabras de Pablo Prieto, secretario de comunicación de la federación asturiana y miembro del equipo de campaña que dirige en el Principado Ángel González.
Así, bajo el lema 'Rebélate', los cibervoluntarios lanzan el segundo vídeo de una campaña orientada a recuperar el histórico escaño de la izquierda en Asturias. En la última obra de estos ciberactivistas se invita al ciudadano a teclear en Google la palabra "ladrones" delante de las siglas de los tres principales partidos políticos nacionales. El resultado es, en "ladrones en el PSOE", un total de 7.380 entradas; en "ladrones en el PP", 14.700; y, curiosamente, no existen entradas relacionadas con "ladrones en IU".
La dirección federal de Izquierda Unida, en un intento calificado de "populista" por beneficiarse del desencanto de un segmento de la población hacia la clase política, se desmarca de esta práctica, tan extendida como popular en España. Y lo hace a través de los directores de campaña improvisados en los que se han convertido los cibervoluntarios que apoyan a Gaspar Llamazares en Asturias.
El pasado 12 de octubre, en la reunión de la comitiva asturiana de IU que tuvo lugar en Oviedo, Llamazares pidió "voluntarios" para realizar la campaña electoral del partido de cara a las generales del 20 de noviembre. Al día siguiente, partidarios del candidato asturiano difundieron el primer vídeo de la campaña, centrado en la persona de Gaspar Llamazares y con el lema 'Rebélate'. -"La idea motriz es mostrar a un Llamazares que niega el estereotipo de 'diputado de sillón', que ha dado sobrado 'ejemplo' de que no claudica ante los mercados y que se ha comportado en el Congreso como 'azote' frente a los recortes", explicó Prieto.
La gran baza de esta campaña, desarrollada fundamentalmente a través de Twitter, es precisamente su formato. -"Es una campaña low cost, de bajo coste, pero con un derroche de imaginación"-, declaró Pablo Prieto. -"Frente a la caspa y al bipartidismo, reivindicamos un espacio propio, y en la Red", concluyó el secretario de IU.